25.4.26

Aniversario de la Ley General de Sanidad de 1986


Todo cambió con la Ley General de Sanidad, que entró en vigor el 25 de abril de 1986, hace exactamente hoy 40 años. Aunque en realidad bebía de una muy primitiva Seguridad Social, muy antigua sobre la que tal vez, podríamos retroceder hasta el antecedente directo y fundacional con la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP) mediante la Ley de 27 de febrero de 1908, durante el reinado de Alfonso XIII y siendo presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura. Una barbaridad en la distancia en el tiempo y en los conceptos de Sanidad Pública.

La Segunda República intenta ampliar y modernizar el sistema sanitario español entre 1936 y 1939, con avances en seguros de enfermedad y accidentes de trabajo, aunque la Guerra Civil truncó ese proceso, hasta la creación de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), aprobada el 14 de diciembre de 1942. cuando se crea por primera vez en España un sistema de cobertura sanitaria obligatoria para los trabajadores por cuenta ajena y sus familias, pero solo si cotizaban.

El término "Seguridad Social" como tal se consolida jurídicamente en España con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, desarrollada posteriormente en el Texto Articulado de 1966, que entra en vigor el 1 de enero de 1967. 

Esta ley unifica y racionaliza los distintos seguros sociales que existían de forma dispersa, crea una estructura más coherente y sienta las bases del sistema que aún hoy reconocemos, aunque con cobertura todavía limitada a los trabajadores cotizantes. Como en ese momento quedan diversos Sistemas de Cotización para los trabajadores, unos y otros eligen su particular Sistema.

La nueva Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 (hoy hace 40 años como decía antes), aprobada siendo Ministro de Sanidad Ernest Lluch, es la que transforma radicalmente el modelo, y unifica definitivamente tipos de cotizaciones. Sus cambios fundamentales son la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece la universalidad de la cobertura sanitaria, desvinculándola de la cotización a la Seguridad Social. Ya no hace falta ser trabajador cotizante para tener derecho a la sanidad pública. 

Es UNIVERSAL y descentraliza la gestión hacia las Comunidades Autónomas, estableciendo la financiación mediante impuestos como principio, separando progresivamente la sanidad de las cotizaciones sociales.

Hasta 1986, existían múltiples organismos paralelos sin coordinación real. El INSALUD para la mayoría de los trabajadores cotizantes, la Beneficencia para los pobres, la sanidad militar, los servicios municipales y sus Casas de Socorro (así se llamaban), los hospitales de la Iglesia con conciertos públicos, las mutualidades de funcionarios, etc. Hasta ese momento, cerca de un 20% de la población española quedaba fuera del sistema sanitario o en una cobertura muy precaria, asistencial. 

Su sistema sanitario giraba en torno al hospital y la atención especializada, con una atención primaria muy débil e infra desarrollada. Los ambulatorios eran escasos, insuficientes y a veces en precario.

Desde el año 1986 la Sanidad Pública es un derecho ciudadano, derivado simplemente de ser persona residente en España. Y con arreglo a la Constitución española, no hay ni duda ni nada que modificar, si antes no se modifica la Constitución.

La Ley reconoce y ordena desde ese momento el traspaso de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, que la Constitución de 1978 ya había previsto pero que no se había desarrollado de forma ordenada. Con presupuestos NO FINALISTAS que entrega el Estado con diversos criterios que no siempre benefician por igual a todas las comunidades, pues los gastos sanitarios son complicados de tasar por igual.

Esto supuso incorporar al sistema a parados sin prestación, trabajadores informales, amas de casa sin cotización propia, y en general a toda la población que hasta entonces dependía de la Beneficencia o directamente no tenía cobertura. Y un concepto muy claro ahora que se habla de "Los Españoles Primeros". La consecuencia lógica era la universalización, y un hecho muy contundente. 

Si se financia con impuestos que pagan todos lo que habitan en un país, todos tienen derecho a los servicios. 

Y hay que recordar que los impuestos no solo son del trabajo. El IVA es por ejemplo un impuesto que supone el 31% del total de impuestos recaudados en España. El IRPF supone el 43%. El Impuesto a Sociedades o Empresas supone el 13%.

Hace pues 40 años de esa Ley… que ahora recoge voces queriéndola renovar, recortar, ajustar, etc. Curiosamente en el año 1986 no admitieron esta Ley ni los sindicatos profesionales, los empresarios, las cadenas de hospitales privados que había. Luego curiosamente, estos mismos grupos, a veces también de presión, son los que más han defendido esta Ley y los que ahora quieren meterle mano para reformarla a su gusto.

No hay duda de que la sociedad de 1986 es diferente en muchos aspectos de la de 2026. E incluso los avances tecnológicos, las necesidades poblacionales, el envejecimiento, la despoblación y las migraciones de todo tipo, han configurado otra España. Hoy en Europa y en España se ponen en valor otras necesidades de Bienestar, de Salud Pública, de Salud Comunitaria, de Salud Mental, de complejidad a la hora de analizar la situación y ver de encajar todo para que sea más adaptable a los retos sanitarios.

Y a su vez, debemos entender que la participación de la sociedad en esa gobernanza de la Sanidad debe ser otra, en línea incluso con la que se hace en otros países vecinos, sin que nos nuble la mirada al elegir en quien nos debemos fijar, pues es cierto que hay ejemplos para todo.

Julio Puente - Exmiembro del Consejo de Salud de Aragón

Retos de la Sanidad Pública en España


Hablemos hoy (bueno, voy a hablar solo yo) de la privatización pasiva o sobrevenida de la Sanidad Pública en España, un proceso en el cual, se realiza bien una venta directa de los centros públicos, un realquiler (subarriendo) del sistema sanitario público que se deteriora o se descapitaliza progresivamente, provocando que la atención de los pacientes se derive (o los pacientes mismos, se deriven) a proveedores sanitarios privados.

La privatización pasiva o sobrevenida en la Sanidad española, que ya existe claramente con Salud Mental, y crece mucho en Fisioterapia, Odontología, Oftalmología, etc. es una enfermedad más del Sistema, que observamos callados, y que afecta claramente contra la Salud Pública, pues no se privatiza pasivamente más que lo que les resulta más rentable a los que manejan la Gobernanza del Sistema Privado, en donde intervienen muchos, y no siempre son enormes Corporaciones de Inversión.

Este fenómeno de gestión o gobernanza de privatización pasiva o sobrevenida se caracteriza por la externalización de servicios, el aumento de conciertos con clínicas privadas para reducir listas de espera con la excusa de cuidar la calidad asistencial, y el deterioro de la atención primaria, lo que empuja a los ciudadanos a contratar seguros privados o a pagar por servicios sanitarios que no te ofrece con calidad mínima y/o necesaria, la Sanidad Pública.

Características clave de la privatización pasiva (a fecha de 2026) son el deterioro de la atención por esperas en el tiempo que son inasumibles, lo que hace desaparecer (o cambiar de opinión) a muchos pacientes, y poco a poco se tienen que ir del Sistema de Salud, bien a través de Seguros Privados, bien al acudir a consultas privadas puras, para resolver sus problemas de salud.

La gestión privada, como es lógico por otra parte, busca maximizar beneficios, lo que a menudo resulta en una reducción propia de sus costes en personal y recursos, afectando a la calidad de la atención al paciente. 

Somos los pacientes los que tenemos que decidir, y el Sistema el que debería buscar los mecanismos de Participación en la TOMA DE DECISIONES. Fuimos en España pioneros en la Participación en Salud, incluso en la Dictadura, y ahora nos daría mucha envidia lo que se hace en otros países europeos.

En estos momentos en España, ya se han multiplicado los servicios concertados (como en Eudación) de limpieza en Sanidad, cocina, laboratorios o incluso especialidades médicas, que se contratan a empresas privadas. 

¿Se realizan todos los controles necesarios? 

¿Es lo mismo subcontratar estos servicios a Empresas con Ánimo de Lucro, que hacerlo con Empresas sin Ánimo de Lucro

Yo creo que en absoluto, y hay muchas empresas pequeñas y mediana que existen en España sin ánimo de lucro. Empresas que no siempre reconocemos como imprescindibles. Nombro dos por ser las más conocidas. Cáritas y Cruz Roja. En cada ciudad hay muchas más y poco conocidas.

La falta de inversión (o mal gestionada) en la Sanidad Pública genera largas esperas, justificando la derivación de pacientes a la privada, y a que sea el propio paciente el que busque su personal solución, empeorando el Sistema. 

Por otra parte se han denunciado casos donde empresas gestoras de hospitales públicos (concesiones) presionan para reducir la atención a pacientes complejos para aumentar su rentabilidad. A nadie le interesa tratar a los ancianos, a los crónicos y mucho menos a los policrónicos.

La privatización sanitaria está asociada a un aumento de la desigualdad y la mortalidad, según informes recientes de España o de Europa. Hablamos de menos años de vida ya detectados en estos estudios, y sobre todo de menos años con calidad de vida y de bienestar en la salud. Y se nos olvida siempre, que mayores seremos todos, y todos tendremos al final unas necesidades que serán mejor o peor tratadas, cubiertas.

Los últimos 10 años de vida del español es de PEOR CALIDAD que la media de Europa (UE). Por varios motivos. Ese es un dato que solo la AP podría resolver, no tanto la hospitalización. Pero estamos infradotados de presupuestos en AP. 

Incluso ya se pide que los presupuestos que se mandan desde el Estado a las Comunidades, sean en el tema de Sanidad, presupuestos finalistas. Hay tremendas diferencias entre Comunidades, en datos pequeños, en números que no se van, y que afectan y muchos a la salud y al bienestar.