El acceso a la vivienda, como problema en España, muy importante

Una vez más el CIS de este inicio de 2026 afianza la percepción en todos los españoles, de que la vivienda es el primer problema en nuestro país. Lo que perciben, y lo que sufren, pues ambas percepciones son muy altas, y en claro aumento.

Pocos ciudadanos en España saben que la vivienda depende por Ley, por Constitución, y por Sentencias del Tribunal Supremo…, de las Comunidades Autónomas. 

En esta realidad no somos capaces de valorar que cuando votamos o no votamos en las Elecciones Autonómicas, estamos votando también, para bien o para mal, sobre el problema de la vivienda y de sus posibles soluciones con Leyes y ayudas.

La Constitución de 1978 lo dejó muy claro y establece un reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En materia de vivienda ocurre algo clave. La vivienda no aparece como competencia exclusiva del Estado. En cambio, sí aparece expresamente atribuida a las Comunidades Autónomas.

Esto significa que desde el diseño constitucional, la vivienda se concibe como competencia autonómica, no estatal. Y admitir este paso, es el primero.

En los últimos años, el Gobierno central ha aprobado leyes como la Ley por el Derecho a la Vivienda (2023). Pero aquí está el punto clave.  El Estado no legisla la vivienda “en sí”, sino pone las Condiciones básicas, el Marco general, los Aspectos económicos o civiles (alquileres, índices, fiscalidad). 

¿Y eso es suficiente? Pues no. Es labor de las Comunidades y depende de lo que estas legislen y hagan.

La aplicación real depende de si la Comunidad Autónoma decide aplicarla y sobre todo cómo la adapta o qué instrumentos crea. 

Por eso hay tremendas diferencias legales entre lo que hacen Comunidades como País Vasco y Navarra, o Aragón y Madrid, por poner algunos ejemplos divergentes.

En unas comunidades se aplica lo que se dicta desde el Estado y en otras no, y por ello los resultados son desiguales. No es casualidad ni depende directamente de sus economías, es consecuencia directa del reparto constitucional que viene desde 1978 y del uso que se haga de los Presupuestos que se reciben, pues no son finalistas.

Hay dos modelos de políticas de vivienda que están enfrentados en España por sus distintas formas entre territorios. 

Tenemos el modelos de Vivienda como derecho social con un parque público estable, un buen número de viviendas en alquiler social, intervención del mercado y limitaciones a la especulación. No se trata de decisiones de territorios ricos, pues en gran medida son decisiones políticas que llevan décadas funcionando.

El otro modelo entiende la Vivienda como bien de mercado, y se aplican incentivos al promotor privado, ayudas a la compra, un escasa intervención en precios, y en convencimiento y confianza en que será la oferta privada la que regule los precios y las opciones de acceso.

En ambos modelos se pueden destinar 10 euros o millones de euros para que funcionen de una manera de de otra. El problema no es la cantidad de economía pública de los territorios, sino la decisión política de cómo trabajar.

Cada Comunidad elige uno u otro modelo, o mezclas desiguales entre ellos, y los efectos se acumulan durante años. Y eso lo decidimos a la hora de elegir a nuestros representantes. Y normalmente (no siempre) lo dicen en sus Programas Electorales, esos que nunca los leemos, pues tampoco les interesa mandárnoslos.

Con el Primer Modelo tenemos a Comunidades como  Cataluña (no está funcionando bien en la ciudad de Barcelona, por otros motivos como la masificación del turismo), País Vasco, Navarra; y con menos fuerza se trabaja en este modelos en ciertas zonas de Andalucía e incluso de la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Pero en el lado opuesto tenemos ejemplos claros como Madrid, Aragón o Murcia.

Hay diversos modelos de controlar los precios de la vivienda, en España y en Europa. 

El factor de saber trabajar bien el mercado público, sobre todo en zonas que debemos decidir si ya están o no tensionadas por precio o por cantidad (yo creo que en todas) y el de trabajar mucho más en los mercados de alquiler público, en la rehabilitación de vivienda que sea pública, y en legislar qué se puede hacer sobre suelos públicos para levantar viviendas públicas con determinadas cargas legales para no poderlas llevar al mercado libre. 

El problema de la vivienda en España es urgente, necesita soluciones a corto plazo y a medio plazo. Y ambas posibles soluciones son bien distintas. A medio plazo las dictadas por el Gobierno actual de Pedro Sánchez son buenas, pero llegan muy tarde. 

En el corto plazo se deberían convertir en Zonas Tensionadas al menos todas las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes, y aplicar con otro rigor las medidas que para ellas existen en estos momentos. No son una panacea, pero ayudan a dar un toque de advertencia.

Hay que cambiar el modelo de construcción de vivienda. Crear muchas más Cooperativas (hay varios modelos legales) desde Asociaciones, o desde Comunidades de Vecinos. 

Deben los Ayuntamientos entrar en el mercado de la vivienda de forma directa, construyendo en sus propios suelos, para viviendas destinadas al alquiler. 

No es posible legalmente controlar los precios, por lo que se deben buscar otras alternativas. Veamos algunas ciudades europeas.

El modelo de Viena es sencillo y claro. El ayuntamiento es propietario y promotor masivo de vivienda. Más del 60 % del parque de vivienda en la ciudad es social o regulado. Se hacen vivienda para clases populares y medias, no solo para familias vulnerables. Hay una política mantenida desde hace más de 100 años (no depende del color político). En Viena la vivienda es infraestructura social, como el transporte o el agua.

En Berlín el freno al precio del alquiler es débil, con algunos intentos de hacerlo pero frenado y anulado por el Tribunal Constitucional alemán. Hay poco parque público tras privatizaciones de los años 90 y una Alta dependencia del mercado libre. Por lo que Berlín demuestra que regular precios sin parque público suficiente no basta. Es un modelo muy similar al de España.

En los Países Bajos el Estado Central es quien regula los alquileres y los numerosas cooperativas de viviendas. Y los Municipios controlan la gestión directa y el suelo que ponen a disposición de esos bloques de viviendas. Amplio sector de vivienda social está gestionada por “housing associations”. Y tienen un sistema de alquiler regulado por puntos (según el tamaño de la vivienda, su calidad, o su ubicación en el barrio de la ciudad). El mercado libre existe, pero no domina el sistema. El Estado marca unas reglas duras, y es el municipio con su ayuntamiento quien las ejecuta.

Las diferencias de estos modelos (también en Francia hay similares) es que por una parte son los Ayuntamientos los que deciden y realizan políticas de vivienda. Que se trabaja mucho el tema de Cooperativas con diversas variables. Y que son política de muy largo alcance con décadas de funcionamientos. 

El control de los precios en un mercado libre no es posible… excepto que dentro de ese mercado libre estén con una gran representación de viviendas los propios Ayuntamientos, Gobiernos y Cooperativas de Asociaciones muy diversas.

El alquiler asequible para las Clases Medias de cada sociedad, no se decreta. Se construye más de forma pública, se mantienen esas políticas de apoyo y se protegen los precios de alquiler y venta durante décadas.

Y se debe estudiar el servicio público de vivienda en alquiler con o sin derecho a compra, desde diferentes ópticas de calidad, de tamaño, de diseño. No debe ser solo una idea de vivienda para toda la vida, sino un inicio de la emancipación, de la que puedes y debes ir cambiándote a lo largo de tu vida varias veces, por necesidad.

Julio Puente

¿La unión de las izquierdas es la solución?

Yo sé que en algún momento alguien me va a llamar la atención or hacer esto, que no sé si es ilegal o no, pero que debería hacerlo de forma más ética, pidiendo permiso a los que escriben en internet estas reflexiones que voy dejando. 

En algunos casos lo hago y siempre me dicen que SI, pero en otros casos esto es mucho más complejo. Lo siento. SI CREÉIS QUE NO DEBE ESTAR AQUÍ, avisarme y lo retiro. Pero observo textos que se escapan enseguida, que vuelan rápido, y que me gustaría retener y republicar.

Este que os dejo a continuación es de Eloy Cuadra, un escritor canario que es muy activo en Redes. Es una reflexión suya que os dejo a continuación. La podéis encontrar en Facebook

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Voy con una reflexión que va a escocer mucho a una parte importante de las izquierdas políticamente correctas, pero había que decirlo -y llevo años avisándolo-, porque nos jugamos demasiado.

NO, LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS NO ES LA SOLUCIÓN, ES EL PROBLEMA

Vuelve el mantra mil veces abanderado tras cada derrota electoral: que el gran problema de la izquierda española es su fragmentación. Que si se uniera, que si dejara a un lado egos, siglas y diferencias, podría frenar a la derecha y a la ultraderecha. Puedo imaginarme a Abascal, Alvise, Feijoó, Ayuso, Sánchez y compañía partidos de la risa, encantados de la vida con este diagnóstico facilón, impulsado desde Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Compromís, Rufián y otros tantos intelectuales y tertulianos mediáticos. 

Años llevo diciendo que ese no es el camino, que Podemos hace mucho que ya no puede, que Sumar nunca sumó, Izquierda Unida nunca estuvo unida y en Compromís compromiso real hay muy poco. No me hicieron caso, y esta martingala de la unión de las izquierdas ya no se la creen ni ellos mismos, con los tozudos resultados electorales dándome la razón una y otra vez. Y créanme, mucho me habría gustado no tenerla.

La llamada “unidad de la izquierda” estatal ha tenido tiempo, poder institucional y oportunidad histórica. Han gobernado, han gestionado ministerios, consejerías y concejalías, han tenido capacidad legislativa y presencia mediática constante. Y, sin embargo, el balance es claro: desmovilización social, pérdida de base electoral, retrocesos territoriales evidentes e incapacidad manifiesta para resolver los problemas básicos de los españoles (vivienda, sanidad, trabajo precario, carestía de la vida, cuidados). 

Un ejemplo más de estrategia fallida lo tienen en Extremadura y Aragón: no son anomalías, son síntomas. Allí donde se ha insistido en fórmulas de coalición forzadas, construidas desde arriba, el resultado ha sido el fracaso. Tan fracaso que hasta Alvise ha sacado más votos que Podemos en Aragón, y a Sumar e Izquierda Unida casi ni les llega para un diputado, con todo su aparato ministerial y toda su historia.

La pregunta, por muy incómoda que sea se hace inevitable: ¿por qué siguen insistiendo en una receta que ya no funciona?, ¿no entienden que ya se les acabó su tiempo, que solo restan, que harían mejor si se disolvieran y se dedicaran a otra cosa? Porque el problema no es solo electoral, es político, es cultural y es territorial. La izquierda estatal que propone estas uniones se ha convertido en una izquierda elitista, excesivamente intelectualizada, desconectada de la vida material de la gente común, y también del territorio, de lo local, de lo que ocurre en cada comunidad ¿O son acaso parecidas las realidades locales de Canarias y las del País Vasco?

Ya no sirven estas estructuras verticales con sede en Madrid, sin bases, sin suelo de pueblo, construidas sobre figuras que han salido en la tele un tiempo, con discursos universales, de consignas bien formuladas y debates identitarios casi siempre importados, cada vez menos arraigadas en los conflictos reales de los barrios, los pueblos y las comunidades. 

Son partidos que hablan en nombre de “la gente” mientras deciden lejos de ella, que reclaman pluralidad pero funcionan como aparatos cerrados, que se presentan como nuevos aunque repiten los vicios clásicos de la política estatal. Todo esto que les cuento, yo lo estoy analizando y argumentando con razones, y la mayoría del electorado español lo siente y lo percibe aún sin verbalizarlo, y sale huyendo cuando oye hablar de la unidad de las izquierdas, porque les suena a estafa.

Por suerte, frente a este modelo agotado, hay otra vía posible, que además está demostrando ser eficaz. Me refiero a la construcción de movimientos progresistas de ámbito autonómico, soberanistas, independentistas o regionalistas de izquierdas. Espacios políticos con raíces en su territorio, sin obediencia estatal, con agenda propia y con una relación directa con su comunidad. Los ejemplos están ahí y son incontestables. 

En el País Vasco, EH Bildu no solo resiste: crece y disputa hegemonía. En Cataluña, ERC y la CUP, con todas sus diferencias, han construido una izquierda vinculada a la soberanía y al conflicto real con el Estado. En Galicia, el BNG se ha consolidado como fuerza central del espacio progresista. En Aragón, la Chunta Aragonesista demuestra que el arraigo territorial puede ser también allí fortaleza. 

¿Qué tienen en común estos proyectos? No nacen de despachos madrileños. No se construyen como sumas de siglas fracasadas o figurines mediáticos ya gastados. No dependen de cuanto salga uno en la tele ni de modas ideológicas. Se apoyan en una identidad política ligada al territorio, en conflictos concretos y en una militancia que no vive la política como una carrera profesional en la que hay que perpetuarse como una casta, la sienten como herramienta de defensa colectiva.

Lo puedo decir más alto pero no más claro: la lucha contra la ultraderecha y el neofascismo no se gana con grandes alianzas abstractas ni con frentes amplios diseñados desde arriba. Se gana desde lo local, desde la cercanía, desde proyectos que la gente sienta como propios, la trinchera del barrio, el desahucio que se para, el abuelo al que se acompaña, la cultura que se defiende o el macropelotazo urbanístico que se frena. Solo donde haya comunidad política real, se podrá frenar a la ultraderecha. 

¿Cuántos de Vox hay en el Parlamento Vasco o en el Navarro? ¿Qué les pasó a Vito Quiles o a Dani Desokupa cuando quisieron aparecer por allÍ? Y puestos a ver quién piensa más en España, se da la paradoja de que partidos como Bildu o Esquerra Republicana, con toda la matraquilla de terroristas o independentistas han sido los que más propuestas han sacado adelante en Madrid en favor de la justicia social de todos los españoles.

Conformar poder local, es casi el único camino. Lo cual no significa renunciar a alianzas estatales y luchas más globales. Significa replantearlas. Primero hay que construir fuerza real en cada territorio. Después, desde esa pluralidad soberana, ya se articularán acuerdos para gobernar en Madrid si hace falta. Pero no al revés: empezando por la unidad estatal esperando que luego baje al territorio. Ese es justo el camino que nos ha traído hasta aquí. 

Por cierto, ¿se han fijado que ni Bildu ni ERC están por la labor de sumarse a esta historia? Porque saben que perderán apoyos electorales, y muchos. ¿Quiénes son los que plantean esta solución simplista?: los que llevan años perdiendo y menguando. ¿Por qué insisten?: porque saben que si les compran el tinglado podrán seguir con su puestito cobrando de aquí o de allá otros cuatro años. Es así. Solo tratan de salvar su culo.

Conviene aclarar en todo caso, que no es tan sencillo como armar batiburrillos locales con los mismos cabecillas de siempre, aceptando a los mismos líderes que llevan toda la vida intentándolo y fracasando, sin un trabajo real de base, de calle, de compromiso. Si no hay base ni trabajo previo, como puede ocurrir en lugares como Canarias, Andalucía y otros territorios de poca lucha auténtica, pues habrá que trabajar duro para construir esa base sólida. Créanme, no hay más fórmula. La gente no es tonta, ya no engañan a nadie.

En conclusión, más allá de lo que estamos pagando todos por la locura mesiánica de Sánchez, la solución para movilizar a esa otra España que existe a la izquierda del PSOE, no es la unión de las izquierdas tal y como se plantea, es romper con el centralismo, abandonar las élites ilustradas y volver a pisar tierra, desde abajo, sin tutelas, comunidad a comunidad, conflicto a conflicto, una batalla tras otra.

Eloy Cuadra , escritor y activista social.